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  • Viernes, 22 de Octubre de 2021

Idoneidad, la aptitud ausente

Un caso de corrupción en el Estado provincial, hace algunos años, puso de manifiesto la relevancia de la idoneidad en el ejercicio de la función pública. Fue uno de tantos que se ventilan en los tribunales, aunque en ese caso lo curioso fue que el abogado defensor del funcionario acusado utilizó como estrategia la carencia de aptitudes básicas de su defendido para manejar dineros públicos. Y cargó las tintas contra sus superiores jerárquicos y políticos, por haber tenido la irresponsabilidad de designar al frente de un cargo de tanta importancia para el Estado a una persona que no reunía las condiciones necesarias para la función encomendada. Pretendía de ese modo argüir cierto grado de inimputabilidad de su cliente, quien seguramente no coincidía para nada con la táctica legal de su abogado. Habría que imaginar la cara del ex funcionario cuando se enteró que su defensor, para exculparlo o atenuar la pena, lo presentó como un perfecto inútil ante la Justicia. Quizás sin proponérselo, el letrado rescató de los tomos de normas constitucionales y administrativas un requisito fundamental y absolutamente olvidado en el Estado a la hora de designar, en un amplio sentido del término, funcionarios públicos: la idoneidad.

En efecto, la propia Constitución de la Provincia de Catamarca contiene un artículo que se refiere puntualmente a la cuestión. Es el número 166 y señala textualmente lo siguiente: "Todos los empleados públicos para los cuales esta Constitución no establezca la elección o una forma especial de designación, serán cubiertos por concursos de antecedentes y oposiciones, organizados por ley y con las excepciones que ésta establezca, de tal modo que aseguren la idoneidad de los agentes. La misma ley establecerá el escalafón y la carrera administrativa, de acuerdo con el sistema del mérito. Todos los habitantes de la Provincia son admisibles a los cargos públicos sin otra condición que la idoneidad en los casos que esta Constitución no requiera calidades especiales”. Ni concursos de antecedentes, ni una prueba interna de aptitudes ni tampoco, al menos, una revisión somera del currículum del postulante. La cultura política provincial cambió el requisito de la idoneidad por el decretazo. Los cargos en la Administración provincial se deciden, en su gran mayoría, por imperio de la militancia partidaria, las simpatías, el parentesco, las recomendaciones de amigos y, también, por ese infranqueable universo de los afectos.

No se trata de un capricho formal. Algunos estudiosos del Derecho Administrativo afirman que la idoneidad, en un amplio sentido, marca la capacidad y la calidad de respuesta del Estado ante la comunidad. Uno de ellos, el jurista Rafael Bielsa, sostiene que "nada desacredita más una gestión gubernativa o administrativa que los nombramientos arbitrarios, y lo son cuando los nombrados carecen de idoneidad moral y técnica, sobre todo moral. Además de implicar una transgresión constitucional, causa sensación de injusticia en el espíritu público. Sus primeras consecuencias son la repulsa de la opinión sensata; luego desmoraliza a los que con idoneidad tienen derecho al cargo”. Hay un dato interesante en esto: la idoneidad no solo es de orden técnico o profesional, sino también moral. Esto, en primer lugar, significa que el postulante al cargo no debe tener malos antecedentes. Por otro lado, las autoridades de gobierno no están exentas de responsabilidad a la hora de hacer designaciones antojadizas. De hecho, el Código Penal (Art. 263) sanciona con pena de multa e inhabilitación especial al funcionario público que proponga o nombre en un cargo público a una persona que no reúna los requisitos legales. E incluso castiga al que acepte un cargo para el cual no tenga idoneidad. Solo a manera de ejercicio intelectual, resulta interesante imaginar cómo funcionaría el Estado si respetara estas prerrogativas legales y cumpliera con la carrera administrativa, hoy letra muerta en la praxis gubernamental. 

Cara y Cruz

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