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  • Miercoles, 12 de Agosto de 2020

LA CUARENTENA Y EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

La pandemia que afecta al mundo, y naturalmente a nuestro país, determinó un sensible y grave debilitamiento del estado democrático de Derecho, ya que la respuesta y combate al flagelo, en salvaguarda de la salud pública, hasta la última semana, se traduce en la paralización de los dos poderes esenciales de cualquier democracia, y por tanto, la licuación de los controles del Poder Administrador, quien se maneja con los llamados “decretos de necesidad y de urgencia” y por los hechos y actos consumados. Pues, por una inquietante y equivoca idea, del estado de excepción –que siempre debe ser circunscripto y acotado- declarado de urgencia por una Asamblea Legislativa, se coloca al carro delante de los caballos, trastocándose el orden institucional, al emitirse sin control decretos de necesidad y urgencia pasando por encima del Congreso. Pues, la urgencia se focalizaba en la inmediata convocatoria a una Asamblea Legislativa, para que fijara los lineamientos y delegara las facultades que estimara necesarias y suficientes en el P.E., a fin de que atendiera la misma, dado que el Parlamento no podía constituir un adorno y un cenáculo de privilegiados para percibir abultadas remuneraciones en concepto de dietas y otras importantes canonjías inadmisibles en el sistema republicano de la Constitución, o para concurrir al Congreso para recibir fondos “excepcionales” que el Presidente de la Cámara de Diputados intentó distribuir para que cada uno de ellos “atendiera la emergencia sanitaria”, en el ámbito de sus jurisdicciones. ¿Es que acaso para esto, si existía el Congreso y no para lo trascendente y esencial, que hace a su razón de ser en nuestro sistema institucional ? ¿O, para que la Vice-Presidenta de la República solicitara, absurdamente, a través de una acción de certeza que la Suprema Corte se expidiera sobre la posibilidad del funcionamiento del Senado, a través de video- conferencias, cuando inmediatamente, debió convocarse por decisión de los Presidentes de ambas Cámaras a una Asamblea Legislativa por la grave emergencia nacional a la que ingresábamos ?

Fortalecimiento institucional debilitado

Resulta evidente que el Congreso de la Nación declinó sus facultades propias e inherentes a su rol institucional, posibilitando que se desdibujaran los contornos, competencias y contrapesos de los poderes en el estado de derecho. Curiosamente el Congreso olvidó lo que se denomina “teorema de fortalecimiento institucional”, que nos señala que durante una grave crisis o emergencia nacional, no cabe sino responder con todo el poder que la propia Constitución otorga a los poderes constituidos para defensa del sistema, y que podríamos traducir, “a mayor gravedad de la emergencia, mayores deben ser las atribuciones y facultades de los poderes en los que reposa de un modo paradigmático la soberanía y voluntad popular, para enfrentarla”. Y, no puede caber la menor duda en este sentido, que en el poder legislativo reside o reposa la voluntad soberana del pueblo de la nación. Por tanto, al encontrarse paralizado el funcionamiento regular y normal del Congreso, nuestro sistema institucional entró en una grave situación de debilitamiento institucional, en plena emergencia sanitaria y económica, con la inquietante presunción de que lo transitorio y excepcional, como ocurre siempre en

las democracias débiles, inexorablemente tiende a perdurar, tal como ocurrió por citar sino un ejemplo, con el impuesto al cheque. Pareciera que una fatídica ley sociológica que rige en nuestro país, convierte lo transitorio, irregular y excepcional, en permanente, regular y normal. La pretendida normalidad de los hechos consumados y de los decretos de necesidad y urgencia, subsumen a la legalidad constitucional, tornando ridícula y grotesca aquella acción de certeza intentada nada menos por la Presidenta del Senado de la Nación.

En preocupante coincidencia, esta difícil y grave situación apareció en momentos en que según la organización no gubernamental Fredoom House, los derechos políticos y las libertades civiles en el mundo, han caído desde el año 2.005, afectando por igual a países libres, parcialmente libres y no libres. De ahí, que no deje de ser preocupante que en este contexto Hungría haya cancelado directamente, con “motivo y ocasión”, de la pandemia como decimos los abogados, la vigencia del incipiente estado de derecho que regía en ese país; como que, una gran nación –con la mayor población mundial- donde se habría gestado el virus del Covid-19, haya silenciado las voces de expertos que denunciaron que nos encontrábamos frente a una pandemia diferente de las anteriores que afectaría a todo el planeta, dilatándose así, la inmediata información que debió elevarse a la O.M.S., para que adoptara las medidas de prevención y contralor a nivel mundial. Y, como réplica, aunque infinitamente menos grave de todo esto, aparecen voces en otras latitudes por las cuales se intentan silenciar como “anti-patriotas” a quienes –sin el funcionamiento del Poder Legislativo- formulan legítimas críticas en punto a la ejecución o implementación de medidas “urgentes carentes de transparencia” que encierran daño al erario público, justamente, en momentos de una gravísima crisis en el campo de la salud y de la economía. O bien, como si los órganos ejecutivos, pudieran convertirse en el “Gran Hermano”, tutor y protector de la ciudadanía, intentando imponer restricciones –con autorizaciones previas- a cierta franja etaria de la sociedad para salir y desplazarse de sus propios hogares sin poner en riesgo la salud pública.

Más alertas que nunca

En este delicado escenario en el que discurre nuestra vida social y pública hoy, deben, los dirigentes o quienes se precien de tales, estar más alertas que nunca, y exigir a los partidos políticos, a los grupos y asociaciones civiles que no declinen de su elevada y honesta función crítica para evitar la fractura del sistema democrático, en un mundo que se advierte complejo y difícil, ya que a los ciudadanos que nos creemos libres, no solo podrán controlarnos con dispositivos electrónicos nuestra temperatura corporal, para permitirnos transitar y mañana mismo para ingresar a un avión, a una estación de trenes o de ómnibus; sino también, para detectar las características de nuestro carácter o temperamento, y en función de ello concedernos la autorización de ingreso o de tránsito por otro país, ya que quienes puedan ser calificados como temperamentos rebeldes (en el sentido que le otorgaba Camus a la expresión), no serán confiables. La tentativa, al parecer frustrada del Ministerio de Seguridad, de control tecnológico de los “humores sociales” podría inscribirse en esta línea.

Sin un sólido sistema de partidos –adviértase que la U.C.R. se encuentra en situación de licuación y el kirchnerismo prácticamente pulverizó a lo que conocíamos como Justicialismo- y con una oposición carente de presencia, de vigor y lucidez, resultará extremadamente complicado encontrar con rapidez y eficacia el camino de la reconstrucción, post-cuarentena, en un país sin moneda, sin crédito, con sus fuerzas productivas y morales paralizadas y devastado en todos sus aspectos. Corremos el riesgo de caer tapados por una emisión desenfrenada impulsada por la “emergencia y el estado de excepción”, y abierto el camino para cualquier tipo de aventura extraña al orden democrático. A esto, debemos lamentablemente agregar que a diferencia de otras épocas –nuestro país vive de emergen cia en emergencia y en crisis continua- en la que hubo voces y figuras parlamentarias que por su integridad, preparación, vocación de bien público y autenticidad, por sus luchas y pensamiento, no solo orientaban a la opinión pública, sino que por si solas, llenaban la escena política nacional –tales como fueron Alfredo Palacios, Lisandro de la Torre, Mario Bravo, Arturo Frondizi, Ricardo Balbín- y algunas otras de parejo relieve. Hoy brillan por su ausencia.

Ha llegado al momento –si entendemos que el hombre no es una pasión inútil- de iniciar la reconstrucción del país, con la verdad, sin hipocresías, sin especulación política subalterna, intentando construir verdades y desmontando mitos y falsedades, que vienen minando nuestros cimientos sociales, y muchas veces son utilizados aún en épocas de excepción para confundir y engañar, y sacar provecho, o para enriquecerse a expensas de la tragedia y de la excepción. Basta recordar la catástrofe del terremoto de San Juan en el año 1944, para que debamos estar alertas.

Despojándonos del escepticismo que nos abruma por los últimos años de fracasos, y empujando como en el mito de Sísifo la pesada carga, retomando el viejo camino de “construir, descontruyendo las falsedades y prejuicios”, negadores de la libertad y de la dignidad cívica, restituiremos a la política sus valores genuinos, tal como lo enseñaban ya Platón y los principios que cimentaron la Paideía Griega, en tanto ésta nos enseña que la acción política ejercida con decoro y dignidad, es la única herramienta válida para forjar la justicia: conmutativa y distributiva, poniendo así al Estado, al servicio de los ciudadanos libres en igualdad de posibilidades de realización humana.

*El autor fue Diputado de la Nación (MC) por la UCR de Catamarca durante dos períodos: 1983-1991, Presidiendo las Comisiones de Juicio Político y de Minería de la Cámara de Diputados. Fue impulsor de la Ley de Divorcio Vincular y del Proyecto de Unificación de Códigos entre otras iniciativas parlamentarias, interviniendo activamente en el juicio político al ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dr. Augusto Cesar Belluscio.

JOSE ALBERTO FURQUE DNI 6.86.385
 ABOGADO /EL ESQUIU

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